Los penalistas Carlos
Caro, Luis Lamas Puccio, César Nakazaki y Mario Amoretti coinciden en que la
iniciativa que pretende reformar la ley vigente carece de suficiente reflexión
técnica y que su aprobación generaría consecuencias graves para la aplicación del
Derecho Penal.
Tras la frustrada
votación del proyecto de nuevo Código Penal el pasado jueves, el Congreso de la
República reprogramará un nuevo debate esta semana incluyendo, previamente,
ciertos ajustes.
Sin embargo, para
muchos especialistas, una simple modificación de último momento no supondría
una mejora relevante a la propuesta que pretende reformar el marco legal para
los delitos en el país. Precisamente, LaLey.pe conversó con los abogados
penalistas Carlos Caro, Luis Lamas Puccio, César Nakazaki y Mario Amoretti
sobre la controvertida iniciativa.
Carlos Caro Coria:
"No hubo trabajo dogmático serio en la Comisión de Justicia"
Según el penalista
Carlos Caro Coria, el proyecto no implica una gran novedad legislativa, pues lo
que se está haciendo, sostiene, es “parchar” el Código Penal de 1991. “El
proyecto de nuevo Código recoge proyectos de ley presentados desde 2011.
Lamentablemente, no es un trabajo dogmático serio ni se aplica una verdadera
política criminal. Es una simple reactualización del Código ya vigente”,
afirma.
Por otra parte, el
abogado indica que “no se ha democratizado el debate, dándolo a conocer
públicamente a la ciudadanía. Un nuevo Código Penal debe ser producto de una
reflexión técnica seria, junto a juristas y especialistas”.
Además, considera que
el contenido del proyecto no toma en cuenta la aplicación de leyes aprobadas
hace poco, como la que sanciona a las empresas por actos relacionados a la
corrupción transnacional. “Si revisamos el texto de la norma y el texto del
proyecto de nuevo Código, notaremos que se incluyen más delitos y que las
reglas de aplicación varían; no son las mismas. Esto resulta extraño, pues se
estaría cambiando una ley ya publicada que está en periodo de vacatio legis [la
norma entrará en vigencia recién el próximo año]. Esta contradicción
legislativa evidencia lo poco serio que es el trabajo realizado por esta
Comisión [de Justicia]”.
Por último, el abogado
explica que en el proyecto “el régimen de las consecuencias accesorias se
mezcla con las sanciones previstas para la persona jurídica, como si se tratara
de penas. Aprobar esto, tal y como está redactado, generaría un gravísimo
problema desde el punto de vista dogmático para diferenciar ambos conceptos. La
propuesta, definitivamente, requiere de una revisión mucho más seria”.
Luis Lamas Puccio:
"El Congreso ha perdido autoridad para proponer un nuevo CP"
Para Luis Lamas Puccio,
el texto preparado originalmente por la Comisión de Justicia presenta graves
defectos en su proceso de formulación. “[El proyecto] no enmarca la política
criminal del Estado, sino que solo presenta aspectos genéricos. No tiene un
razonamiento primigenio sobre sus propias directrices como sí lo tuvo el Código
Penal de 1991, hoy vigente que, por ejemplo, sustenta la exclusión de la
reiterancia y la reincidencia y precisa por qué en ciertos casos es necesaria
la orden de prisión efectiva”, señala.
Lamas afirma, además,
que “el Congreso ha perdido autoridad institucional para proponer un nuevo
Código Penal, pues el mismo Legislativo ha modificado y desnaturalizado en 600
ocasiones el Código actual. Recopilar normas internacionales y una serie de
propuestas legislativas como se pretende hacer solo genera mayor caos y desorden”.
Asimismo, el
especialista estima que no es un momento oportuno para que el Congreso reforme
la ley penal: “Se entendería como apresurada una aprobación sobre un proyecto
que ni siquiera se ha difundido. Un Código debe ser motivo de una discusión más
acuciosa y metodológica, no solo por parte de los especialistas, sino también
de la sociedad civil en su conjunto a través de sus órganos representativos,
incluyendo los estamentos relacionados a la Justicia en el país”.
César Nakazaki:
"¿Dónde quedó la verdadera política de seguridad ciudadana?"
El penalista César
Nakazaki también sostiene que el nuevo Código Penal no debería aprobarse en
esta legislatura: “Después de la Constitución, el debate jurídico más
importante que debe realizar una sociedad es el del Código Penal, pues este
fija qué hechos pueden considerarse delitos y cuáles son las consecuencias de
su comisión. La sociedad no puede estar al margen de ese debate, como
históricamente siempre lo está, limitándolo a la reflexión de académicos y políticos”.
Nakazaki identifica
ciertos detalles que requieren de mayor trabajo. Por ejemplo, si es
constitucional o no que se apliquen medidas de seguridad post-cumplimiento de
la pena o si es correcto el marco legal planteado sobre la responsabilidad de
las personas jurídicas o si se está respetando la proporcionalidad de las
sanciones previstas para los diversos delitos.
El abogado también
afirma que el proyecto, tal y como está presentado o aún con las modificaciones
ya sugeridas tras el debate del pasado Pleno, carece de legitimidad, de
oportunidad y de verdadera política de seguridad ciudadana. “De ninguna manera
nos encontramos en un momento oportuno para aprobar ese proyecto. Debemos tomar
en cuenta que la principal causa de la inseguridad es que las personas creen
cada vez menos en la ley y su efectividad. Entonces, si un nuevo Código Penal
va a ser un rotundo fracaso, como ya se está advirtiendo, el remedio se
convertirá en algo más dañino que la propia enfermedad”, advierte.
Finalmente, sugiere que
“debe existir esa política de seguridad ciudadana de la que careció el Código
Penal de 1991. Ese Código [aún vigente] fue hecho pensando que vivíamos en
Suiza, cuando el Perú experimentaba la peor ola de terrorismo de su historia. Es
por eso que, consecuentemente, el Código Penal sufrió 10 veces más
modificaciones legislativas que su versión de 1924. No podemos caer en el mismo
problema”.
Mario Amoretti:
"Diseñar un nuevo CP no es lo mismo que recopilar proyectos"
Por su parte, Mario
Amoretti, penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, coincide en que
el proyecto tiene varios desaciertos en su formulación. “Es un texto sin
justificación de motivos y con problemas de razonamiento en la proporcionalidad
de penas. Además, es una iniciativa que no ha sido consultada con ningún
Colegio de Abogados ni tampoco con representantes de las instituciones que
administran justicia”, afirma.
De otro lado, el
abogado considera que aun incluyendo las mejoras sugeridas, el proyecto no debería
aprobarse tan pronto. “El problema no
está solo en las fallas de la redacción y la carencia de técnica jurídica. Lo
que han hecho en el Congreso es recopilar proyectos que se han venido
presentando desde hace varios años y jugar a diseñar un nuevo Código. Esa no es
manera de plantear una ley tan importante”, dice Amoretti.
“Yo considero que, de
aprobarse este proyecto, el Ejecutivo debería observarlo. De llegarse a
promulgar, el Congreso en su próxima legislatura debería formar una Comisión en
la que participen juristas y especialistas que contribuyan a una mejor
redacción y diseño”, concluye el exdecano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario