El 22 de noviembre del
año pasado el estudiante de arquitectura de 29 años, Jean Pierre Castagne Ramos
fue a practicar tiro al interior de la empresa ARMAQ S.A. Sin mayor criterio y
a sola firma le dieron un arma de fuego y luego de unos minutos de efectuar
algunos disparos apunto a su barbilla y puso fin a su vida.
La tenencia ilegal de
armas de fuego se encuentra tipificada y sancionada en el artículo 279 de
nuestro Código Penal, pues se entiende que resulta peligrosa para la sociedad
la posesión de armas sin contar con la autorización administrativa
correspondiente. Lo paradójico es que las gestiones para obtener la licencia de
portar armas se realiza en la Dicscamec y el requisito para su tramitación es
haber adquirido previamente un arma de fuego, lo que implica que toda persona
por el sólo hecho de haberla comprado sería responsable del presente ilícito.
Todo un delirante circulo vicioso que se podría evitar si se retomara el
proyecto del Código Penal de 1985 el cual indicaba textualmente: “para que una
conducta sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin causa
justa, el bien jurídico tutelado”. Con ello no sería ilegal comprar un arma de
fuego, pero si sería necesaria la autorización de la Discamec para su uso,
razonamiento lógico para el común de las personas excepto para los encargados
de legislar este tema.
Volviendo al inicio de
esta columna, ¿bastará con cumplir los requisitos municipales para que
empresas como ARMAQ SA permitan que
cualquier persona con DNI pueda realizar disparos a granel a cambio de una suma
de dinero? Considero que no. El caso del joven Jean Pierre Castagne es solo la
punta del iceberg que se dirige a una
sociedad cuyo principal flagelo es la falta de seguridad ciudadana. No se trata
solamente de la posibilidad de un accidente al momento de manipular un arma, de
por sí es un despropósito proporcionar facilidades a cualquier individuo para
que se especialice en el uso de armas de fuego. No existe ninguna
reglamentación al respecto, no se le exige un certificado de salud mental o su
registro de antecedentes penales, requisitos mininos para tener al menos cierta
certeza de que no hemos abierto una puerta para que los cabecillas de bandas
criminales envíen a sus sicarios a profesionalizarse, mejorando su puntería y
luego a perpetrar sus asaltos con la pérdida de numerosas vidas de efectivos
policiales y civiles.
Considero que la manera
idónea de hacer frente a la inseguridad ciudadana es tener leyes
suficientemente claras y efectivas que vayan de la mano con las acciones de
nuestras fuerzas del orden. Por ello debe ser cuestión de Estado tener decisión
y tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir la andanada
delincuencial que estamos sufriendo, caso contrario solo quedará preguntarnos
con perplejidad: ¿Tan difícil es legislar derecho?
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